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¿Hay voluntad política en México para nacionalizar el litio?

México ha dado tempranamente un paso hacia la nacionalización de su industria del litio, pero la falta de voluntad política deja a la medida con escasas probabilidades de éxito.

En la última agenda legislativa del Senado, se presentaron a debate reformas a la Constitución y al Código de Minería que allanarían el camino a una eventual nacionalización.

Las modificaciones, que deberían haberse evaluado para enero de 2021, apuntan a proteger el metal energético como recurso nacional estratégico.

No obstante, además de generar severas críticas de la industria por socavar la certidumbre entre los inversionistas, la propuesta no generaría apoyo en los niveles más altos del partido oficialista Morena.

DIVISIONES POLÍTICAS

La idea de nacionalizar el litio fue promovida con anterioridad por el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo Manzur.

“Estamos impulsando, esperamos lograrlo, que el gobierno nacionalice los recursos de litio”, dijo a la prensa local en junio.

No obstante, la renuncia de Toledo el 1 de septiembre después de reiterados enfrentamientos con la dirección de Morena parece haber sacado de escena a un partidario clave de la nacionalización.

En contraste con el claro respaldo de Toledo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mostró algo más tibio en el tema al desestimar la idea y hacer alusión a la propiedad estatal de los recursos en una conferencia de prensa poco tiempo después.

La nacionalización también plantea importantes retos prácticos para un gobierno con problemas de liquidez que está impulsando una estrategia de austeridad.

“Tenemos que ser realistas. No puede el Estado financiar programas que impliquen la utilización de mucho presupuesto”, indicó el presidente en diciembre pasado.

“Esto [nacionalizar el litio] tendría que hacerse con la participación de la iniciativa privada”.

Si bien AMLO tiene reputación de generar ansiedad en la industria —por ejemplo, cuando se jactó de que su administración no ha emitido nuevas concesiones mineras—, en este caso la posición del presidente ha aliviado los temores de una posible nacionalización.

El mandatario también se ha comprometido repetidamente a no revocar concesiones ni permisos mineros.

“[La posición de AMLO] sugiere que la nacionalización del litio no es una causa que tenga un apoyo generalizado”, dijo a BNamericas Oliver O’Donnell, analista de VSA Capital, firma con sede en Londres.

POSICIÓN DE LA INDUSTRIA

La oposición de la industria a la nacionalización del litio también está sustentada en consideraciones prácticas, y en el impacto en el ánimo de los inversionistas.

“Si bien se puede discutir sobre los beneficios ideológicos de la nacionalización, simplemente no resulta práctica en el litio, donde la experiencia técnica en la producción es absolutamente vital”, dijo O’Donnell a BNamericas en junio.

La nacionalización descarrilaría por completo los avances conseguidos hasta ahora en la construcción de una industria minera mexicana de litio, advierte el analista.

Estos avances están encabezados por Bacanora Lithium y Ganfeng Lithium, su socio de riesgo compartido, en Sonora, proyecto de US$ 420 millones que tiene previsto obtener su primera producción en 2023.

Sonora albergaría uno de los depósitos de litio más grandes del mundo, con reservas de 4,51 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente.

La producción comenzaría con 17.500t anuales de carbonato de litio grado batería y se duplicaría luego de una expansión de US$380mn.

México tiene 20 proyectos de litio, en su mayor parte en etapas iniciales de exploración.

Expertos de la industria advierten que las inversiones del gobierno en el sector del litio estarían sujetas a un alto riesgo, por lo que la nacionalización precisamente tendría un efecto dañino.

¿TERCERA VÍA?

Si bien la falta de apoyo político de alto nivel siembra dudas sobre la viabilidad de la nacionalización, el gobierno podría considerar otras formas de aumentar su participación y sus beneficios en esta emergente industria.

La oportunidad podría ser demasiado buena para dejarla pasar.

Se prevé un auge en la demanda del metal, impulsada por la inminente revolución de los vehículos eléctricos. La tendencia haría subir los precios, mientras que la producción de litio estaría restringida a unas cuantas jurisdicciones clave, específicamente México, Chile y Argentina.

El exsubsecretario de minería Francisco Quiroga Fernández, cuyo cargo fue eliminado el 1 de septiembre, mencionaba anteriormente entre sus objetivos atraer inversiones a varías áreas de la cadena de suministro del litio.

Esto incluía oportunidades para aumentar la participación mexicana en los mercados de vehículos eléctricos y energía renovable.

Los comentarios anteriores de AMLO sugieren que, en lugar de una nacionalización total, México podría intentar modificar las reglas de concesiones y licencias para darle al Estado más control sobre la industria minera del litio, y posiblemente mayor participación en sus beneficios.

“No es necesaria la nacionalización, porque de acuerdo con la Constitución, en el artículo 27, se establece el dominio de la Nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo”, indicó el mandatario en junio.

“Por eso hay un mecanismo de entrega de contratos y de concesiones en el caso de la explotación minera. Habría que ver en qué condiciones se entregarían estos contratos y las concesiones”.

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